Artigo: “Auditoría de la deuda brasileña: 30 años de incumplimiento de la Constitución federal”

Artigo da coordenadora nacional da Auitoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli, para o portal argentino Clif.

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La Constitución de 1988 fue promulgada en plena “crisis de la deuda externa”. En 1982, Brasil, México, Argentina, entre otros países, fueron fuertemente afectados por la elevación unilateral de las tasas de interés internacional, de cerca de 5 a más del 20,5%, por acto unilateral de los mismos grandes bancos privados internacionales que controlan la Reserva Federal (banco central de EEUU.) y la asociación de bancos de Londres, que dictó el nivel de las tasas Libor Prime y que rigen los contratos de préstamos extranjeros.

Después de provocar la crisis, los grandes bancos privados internacionales fueron extremadamente beneficiados por el Fondo Monetario Internacional, que intervino en diversos países, incluso Brasil, a partir de 1983, y exigió que deudas externas tanto del sector público y del sector privado junto a tales bancos fueran transformadas en las obligaciones del Banco Central de cada país.

No fue casualidad que la década de los 80 se conoció como “década perdida”. El Banco Central pasó a pagar por una deuda que nunca había recibido, extrayendo recursos que provocaron un impresionante retroceso socioeconómico debido al sangrado de recursos presupuestarios destinados al pago del servicio de la deuda externa.

Resultado de imagen para brasil deudaBrasil se transformó en exportador de capitales, al mismo tiempo que se profundizaron las desigualdades sociales, el desempleo, la paralización de la economía real y la completa subordinación a los intereses financieros privados que ignoran flagrantemente la soberanía nacional, bajo la dirección del FMI, que pasó a regir todas las decisiones económicas del país de forma explícita.

En ese clima, se promulgó la Constitución de 1988, que incluyó, en el Art. 26 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, la obligatoriedad de realización de una auditoría de la deuda.

De allí, la mayor parte de la deuda “externa” se transformó en deuda “interna”, a pesar de sospechosa de prescripción a principios de la década de 1990, seguida de transformación en títulos en operación celebrada en Luxemburgo (Plan Brady), de los cuales, una parte se utilizó como “moneda” en la compra de empresas privatizadas, otra parte se transformó en la deuda interna al inicio del “plan real”, cuando se aplica una tasa de interés exorbitante “para controlar la inflación” y otros siguieron siendo reciclados en otros bonos de deuda externa e interna.

Aunque existen diversos indicios de ilegalidades y hasta fraudes en las negociaciones de la deuda externa con bancos privados internacionales y en la deuda interna generada por mecanismos sin contrapartida alguna a la sociedad que paga la cuenta, la auditoría oficial nunca se ha realizado, y la Constitución está siendo modificada para garantizar cada vez más los privilegios financieros en detrimento de los derechos sociales.

Pero el control ciudadano inauguró, a partir de un gran plebiscito popular que involucró a más de 6 millones de personas en el año 2000, la Auditoría Ciudadana de la Deuda (ACD), cuyos descubrimientos han inspirado movilizaciones en el país y el exterior, mostrando cada día que la práctica de la ciudadanía de la ciudad la forma activa y persistente puede hacer una diferencia en el curso de la historia.

Hemos denunciado desde 2010, cuando se concluyó la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de la deuda pública en la Cámara de Diputados, la burla al artículo de la Constitución, conocido como “regla de oro”, que prohíbe la emisión de títulos de la deuda pública para el pago de gastos corrientes, tales como intereses, salarios y gastos para el mantenimiento del Estado. El pago de los intereses abusivos pagados por el gobierno brasileño ha sido posibilitado mediante la emisión de nuevos títulos de la deuda, que se contabilizan como si fuera amortización. Por lo tanto, el volumen de la depreciación anual es de cientos de miles de real y la deuda crece a la misma velocidad.!!!

Resultado de imagen para brasil auditoria ciudadana de la deudaDenunciamos también el secreto de las operaciones de la deuda pública brasileña: no sabemos quiénes son los acreedores de los más de cinco mil millones de reales de deuda interna y más de 150 mil millones de dólares de deuda externa pública, en flagrante afrenta al principio constitucional de la transparencia que debe regir todo el acto público.

En línea con la desregulación financiera que ocurre en todo el mundo, inaugurada con el fin de la paridad dólar al oro decidida por la Reserva Federal en 1971, y profundizada principalmente a partir de los años 90, el art. 192 de la Constitución de Brasil fue prácticamente apagado, pues todos sus incisos y párrafos fueron sumariamente revocados por la Enmienda Constitucional 40/2003, y sustituidos por una frase genérica, profundizando la libertad de acción del mercado financiero.

Esta desregulación, junto con el privilegio del secreto bancario, la libertad de movimiento de capitales, el acceso libre a paraísos fiscales donde se ocultan ganancias y operaciones, ha aumentado aún más el poder del insaciable sector financiero, que quiere aún más: desea modificar la Constitución para garantizar la plena independencia del Banco central, de manera que sus directores son nombrados por el mercado y no pueden ser despedidos por el presidente.

El falso discurso de que los gastos sociales serían los responsables del déficit de las cuentas públicas no resiste a 5 minutos de argumentación fundamentada en datos oficiales. En realidad, la fiesta financiera con la llamada deuda pública es que ha sido la responsable del déficit nominal derivada principalmente del alto costo de la política monetaria del Banco Central.

A lo largo de dos décadas -de 1995 a 2014- produjimos más de un billón de reales de superávit primario, es decir, el volumen de “ingresos primarios” (principalmente los tributos) superó en más de un billón la suma de todas los “gastos primarios” (que comprende los gastos sociales e inversiones en todas las partidas presupuestarias, excepto los gastos financieros con la deuda pública). Por lo tanto, durante esos 20 años, ¡gastamos menos con las áreas sociales de lo que recaudamos en tributos!

A pesar de esa economía forzada de más de un billón de reales, que absorbió recursos que deberían haber financiado el desarrollo socioeconómico, aún así, a lo largo de esos 20 años, el stock de títulos de deuda interna saltó de 85 mil millones de reales a cuatro billones en 2015. Y continúa creciendo exponencialmente, habiendo superado los cinco billones en diciembre de 2017.

En el caso de que se produzca un cambio en el precio de la deuda pública (gasto no primario), no suficiente para cubrir todo el déficit nominal generado por los gastos financieros derivados de los abusivos intereses y demás, se aplican mecanismos de política monetaria practicados por el Banco Central, generadores de grandes volúmenes de deuda pública. Por lo tanto, el déficit nominal histórico (1) ha sido provocado por los gastos financieros y no por el gasto social.

La Constitución “Ciudadana” viene dando lugar a la Constitución “del mercado”.

Con la aprobación de la Enmienda Constitucional N° 95 (EC-95/2016) en 2016 -que estableció techo solamente para los gastos primarios, para que sobrepasen aún más recursos para los gastos financieros con la llamada deuda pública- el ajuste fiscal ganó status constitucional y vigente por 20 años, salvo que la sociedad se movilice para derribar esa verdadera excrecencia.

La mencionada enmienda 95 ató cualquier posibilidad de avance en el cuidado de los derechos sociales, aunque la Constitución “modificada para satisfacer el mercado” prohíbe aumentar las inversiones en salud, educación, etc. Sin embargo, la EC-95/2016 dejó fuera del techo los gastos con la deuda pública, que podrán crecer sin control o límite, y también los gastos con el aumento de capital de las “empresas estatales no dependientes”, entre las que sobresalen las que están operando el fraudulento esquema de la “Securitización de Créditos”.

La llamada “bursatilización de ccbrasil73rédito” es la nueva forma de generación de deuda pública disfrazada, que se paga en su totalidad, con fondos recaudados de los contribuyentes, sustraídos durante su giro en la red de recaudación de impuestos, de modo que incluso no llegan a ingresar a las arcas públicas. Este esquema permite que el mercado se apropie directamente del flujo de ingresos fiscales antes que los fondos lleguen al presupuesto público, lo que viola la Constitución y toda ley de finanzas del país, que se estructura en el principio de un presupuesto único.

A pesar de vergonzosamente desenmascarado por una Comisión Investigadora del Ayuntamiento de Belo Horizonte, que contó con la colaboración de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (ver informe fundamentado) (2), y a pesar de ser impugnado por diversos órganos de control, el esquema de la llamada ” “Securitización de Créditos” sigue extendiéndose.

La Cámara de Representantes está por votar el PLP 459/2017, la legalización de un sistema de este tipo, pero la Auditoría Ciudadana de la Deuda (ACD) ha efectuado una interpelación extrajudicial,(3) dado que el texto del proyecto de ley está escrito en forma cifrada, no permitiendo un acceso completo a la información y al conocimiento del inmenso daño económico, patrimonial, financiero y moral que él esconde.

Estamos viviendo en el reverso del país que podríamos tener, considerando nuestras inmensas riquezas continuamente entregadas (y ni hablar del “pre-sal” siendo rifado a precio vil), nuestro presupuesto público sangrado para pagar intereses y amortizaciones de la llamada deuda pública, repleta de ilegalidades, que nunca fue objeto de una auditoría integral, comprometiendo la atención a los derechos sociales previstos en el artículo 6 de la Constitución de Brasil (1988).Resultado de imagen para brasil auditoria ciudadana de la deuda

La salida está en la participación social y en el ejercicio de la ciudadanía activa, exigiendo que la Constitución Ciudadana sea recuperada y mejorada para garantizar la democracia y la vida digna para todas las personas, como debe ser en un país marcado por la abundancia, como Brasil.

Notas:

1 En raros momentos, produjimos superávit nominal como noticias disponible en: http://clicrbs.com.br/especial/sc/rbs30anos/19,0,1903447 ,

2 Informe presentado por la Auditoría Ciudadana de la Deuda del IPC PBH Activos S / A, y su Addendum 1 disponible en https://goo.gl/7TsT13

3 extrajudicial de texto disponibles https://auditoriacidada.org.br/wp-
content / uploads / 2018/07 / Interpelac A7a% CC% 83% CC% extra-judicial.pdf

*Coordinadora Nacional de la Auditoría Ciudadana de la Deuda – Brasil y < https://www.facebook.com/auditoriacidada.pagina >. Miembro de la Comisión de Auditoría Oficial de la deuda Ecuatoriana, nombrada por el Presidente Rafael Correa (2007-2008). Asesora de la CPI de la Deuda Pública en la Cámara de los Diputados Federales en Brasil (2009/2010). Invitada por el Presidente del Parlamento griego, la Sra.ZoeKonstantopoulou para integrar el Comité de Auditoría de la deuda
de Grecia (2015). Integrante de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Fuente: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/acd-30-anos-de-descumprimento-da-cf/