Carta Abierta al Presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, al Congreso Nacional y a la sociedad

Inicialmente, saludamos el posicionamiento manifestado el 9/11/2022 por el Presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, en el sentido de que no podemos seguir ahorrando dinero para pagar intereses a los banqueros y, que debemos priorizar el pago de la deuda social [1]. Para cumplir con esta declaración del presidente Lula, será necesario enfrentar el privilegio de la llamada deuda pública, cuyos pagos de intereses y amortizaciones han consumido más de la mitad del presupuesto federal ejecutado anualmente [2], además de servir como una justificación para continuas privatizaciones insanas y contrarreformas que quitan derechos a la sociedad, imponiendo, adicionalmente, sucesivas contingencias de recursos, recortes y topes de gastos; todo para que queden aún más recursos para los onerosos gastos financieros con la deuda.

La Auditoría Ciudadana de la Deuda – ACD (www.auditoriacidada.org.br), una asociación sin fines de lucro que cuenta con el apoyo y la colaboración de importantes entidades de la sociedad civil, junto con ciudadanos/as voluntarios/as, lucha desde hace más de 20 años por realizar una auditoría completa de la deuda pública, con la participación de la sociedad, considerando que la herramienta de auditoría ya ha sido probada con eficacia y eficiencia en varias ocasiones, especialmente en Ecuador, donde la comisión de auditoría de la deuda fue establecida por decreto del Presidente de la República Rafael Correa en 2007.

Entendemos que el gobierno federal electo, así como el Congreso Nacional, deben estar atentos a la necesidad de enfrentar el privilegio de la llamada deuda pública, comenzando por realizar una auditoría completa de esta llamada deuda, que ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo socioeconómico de Brasil, como advertimos a través de una Carta Abierta (https://bit.ly/3XH6SEA) dirigida a todos los partidos políticos, para que compartieran con sus respectivos candidatos/as a los distintos posiciones disputadas en las Elecciones 2022.
Justo después de la primera vuelta de las Elecciones 2022, enviamos una nueva alerta a todos los electos y a los que quedarían en disputa en la segunda vuelta, según el documento ([https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pautas-urgentes-2022/] que enumera la necesidad de enfrentar el Sistema de Deuda a través de una auditoría integral, con participación social, y otros “Lineamientos Urgentes” para asegurar nuestro desarrollo socioeconómico.

En esta ocasión, ante el empeoramiento de la coyuntura financiera y económica del país, principalmente por el aumento de los gastos de intereses por el aumento desmesurado de la tasa básica de interés (SELIC) por parte del Banco Central, nos manifestamos nuevamente para señalar los principales aspectos que debe enfrentar el gobierno federal electo y el Congreso Nacional. Consideramos urgente enfrentar el privilegio de la llamada deuda pública brasileña, que no tiene contrapartida en inversiones, como ya declaró el Tribunal de Cuentas Federal (https://bit.ly/2NTPlJo>https://bit. ly/2NTPlJo ) al Senado. El CPI de Deuda Pública realizado en la Cámara de Diputados en 2009/2010 reveló numerosas ilegalidades de esta deuda, y la ACD ha probado la actuación de varios mecanismos financieros que utilizan esta llamada deuda como vehículo para transferir recursos de la sociedad a los bancos. y grandes rentistas ( [https://bit.ly/36AbwLJ>https://bit.ly/36AbwLJ]). A pesar de todo esto, la falta de realizar la necesaria auditoría integral de esta deuda ha acorralado al país: vivimos con recaudaciones tributarias récord; tenemos alrededor de R$ 5 billones en efectivo (en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, en el Banco Central, bancos remuneradores y en reservas internacionales), y, además, hemos tenido importantes ingresos financieros derivados de la emisión de más bonos públicos que incrementan el stock de deuda y deberían estar financiando nuestro desarrollo, sin embargo, todo este conjunto de recursos se ha consumido en gastos financieros con la llamada deuda pública sin contrapartida. Al mismo tiempo, faltan recursos para atender las necesidades sociales básicas en las áreas de salud, educación, asistencia, entre otras; las universidades no pueden funcionar; los organismos públicos esenciales están siendo desmantelados y faltos de personal; bienes públicos sin mantenimiento mínimo; servidores públicos sin reemplazo inflacionario por años, entre otros innumerables ejemplos de escasos recursos.
La paradoja es impresionante: recursos crecientes siendo consumidos por deudas no pagadas, mientras faltan recursos para toda la estructura del Estado y para brindar servicios públicos esenciales, además del abandono de inversiones necesarias para nuestro desarrollo socioeconómico.

Esta paradoja se explica por la aplicación de tipos de interés excesivos para remunerar esta denominada deuda pública, conjuntamente con el funcionamiento de instrumentos creados para garantizar el privilegio de este gasto financiero, en particular las políticas de “ajuste fiscal”, el llamado “ techo de gastos” sociales y metas de resultado primario, todos ellos destinados a limitar y reducir únicamente los gastos primarios, que incluyen los gastos destinados al funcionamiento del Estado y los servicios públicos prestados a la población. Estos instrumentos impiden la realización de inversiones necesarias para el funcionamiento del aparato público y el desarrollo socioeconómico, en tanto destinan recursos al pago estéril de intereses abusivos y, además, otros mecanismos que alimentan el Sistema de Deuda.

Por lo tanto, el Sistema de Deuda está detrás de todos estos instrumentos – “ajuste fiscal”, “tope de gastos” sociales y metas de resultados primarios – que necesitan ser enfrentados y revocados, reemplazados por metas de desarrollo socioeconómico y garantía de una vida digna para todos/as los/as brasileños/as. La claridad sobre la ilegalidad e ilegitimidad de los mecanismos del Sistema de la Deuda será fundamental para este enfrentamiento y, la herramienta que permite esta claridad documentada y respaldada es la auditoría. La falta de esta claridad puede llevar al gobierno electo y al Congreso Nacional a tomar decisiones equivocadas acerca de nuevas “anclas o reglas fiscales” que no sirvan para enfrentar el origen de los problemas que enfrentamos.

Con el objetivo de contribuir al necesario debate sobre el tema, traemos algunas contribuciones basadas en más de dos décadas de profundo estudio sobre las finanzas en nuestro país, con la esperanza de que Sus Excelencias les den la debida atención y las implementen.
Otras propuestas de suma relevancia estaban contenidas en el documento “Lineamientos Urgentes” [3] enviado, anteriormente, a Sus Excelencias, destacando la necesidad de una Reforma Tributaria Justa y la atención a la Economía Ecológica, que exige una revisión completa del modelo predatorio de explotación mineral y del agronegocio para la exportación (extractivismo) – estas actividades deben dar paso a una relación respetuosa con el medio ambiente y la economía solidaria.
En este documento, nos centraremos en las medidas relacionadas con la deuda pública.

• Derogar el “tope de gastos” sociales y las políticas de austeridad fiscal, instrumentos utilizados para garantizar los privilegios de la llamada deuda pública

Los países ricos y desarrollados practican un déficit fiscal, ya que priorizan las necesidades de inversiones sociales y económicas que garanticen la generación de empleo, la distribución del ingreso y el crecimiento socioeconómico. En Brasil, se implementó en 2016 el “tope de gastos sociales” (EC-95) y, además, se mantuvieron las metas de superávit vigentes desde la década de 1990, impuestas por el FMI, luego incorporadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal en el 2000. Recientemente, ciertos sectores de la sociedad están proponiendo una nueva regla fiscal que limite los gastos sociales para alcanzar un cierto nivel de stock o “sustentabilidad” de la deuda pública.
Todas estas políticas de ajuste fiscal existentes y, las propuestas recientes generan recesión, ralentizan de la economía e impiden el buen funcionamiento del Estado, y sólo han servido para ralentizar la maquinaria pública y sacrificar a la sociedad, direccionando los recursos públicos hacia los abusivos gastos vinculados a la llamada deuda pública sin contrapartida.
Está más que comprobado que la deuda no ha crecido debido a los gastos sociales [4], sino por los diversos mecanismos financieros que generan y aumentan la deuda pública, como el abuso de las “operaciones comprometidas” y los “depósitos voluntarios remunerados” ( mediante los cuales el Banco Central garantiza la remuneración diaria de los excedentes de caja de los bancos a cargo del presupuesto público); los escandalosos swaps cambiarios (a través de los cuales el Banco Central garantiza la variación del dólar a inversionistas sigilosos), y principalmente a las altísimas tasas básicas de interés (que constituyen el principal factor de crecimiento de la deuda), entre varios otros mecanismos [5].
Las nocivas políticas de ajuste fiscal no ejercen ningún control sobre estos mecanismos financieros que alimentan el Sistema de la Deuda y son los verdaderos responsables por el rumbo de las cuentas públicas. Por esa razón, tales políticas de ajuste fiscal precisan ser derogadas y el control del gasto es necesario que sea ejercido donde se encuentra fuera del control, es decir, el gasto financiero con intereses y amortización de la llamada deuda sin contrapartida, responsable por los históricos déficits nominales.

•Limitar las Tasas de Interés en Brasil

Bajo la falsa justificación de combatir la inflación (que no se reduce con el aumento de las tasas de interés en Brasil), el Banco Central elevó la tasa básica del 2 al 13,75% anual, aumentando el gasto de intereses de la deuda pública en aproximadamente Rs. $ 410 mil millones al año (un aumento de R$ 34,9 mil millones por cada 1% de aumento en la SELIC [6]), sin la menor preocupación sobre el origen de los fondos para cubrir ese gasto.
Las tasas de interés aplicadas en Brasil son abusivas. Japón ha aplicado la tasa negativa de -0,1% anual durante años; Europa practica 2% anual y, Estados Unidos elevó recientemente la tasa básica al rango de 3,75% a 4% anual, pero se ha mantenido cerca de cero desde la crisis de 2007, 76 países practican topes de interés, en cuanto aquí tenemos tasas de crédito renovables que superan el 1.000% anual [7]. La codicia del mercado financiero no tiene límite, por ello, el límite de las tasas de interés debe ser establecido por ley.
Para ello, la ACD, junto con el Observatorio de Finanzas de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz (órgano de la CNBB) y decenas de entidades de la sociedad civil, presentaron una propuesta de ley al Congreso Nacional, que fue aceptada y ahora está siendo tramitada en la Cámara de Diputados como PLP 104/2022, que limita las tasas de interés de cualquier operación de préstamo al doble de la Tasa Selic o al 12% anual, la que sea menor.
Los intereses son el principal factor de crecimiento de la deuda pública en todos los niveles (federal, estatal y municipal); son la principal causa del fracaso empresarial; agravan el preocupante proceso de desindustrialización y afectan a la mayoría de las familias brasileñas. Según una encuesta publicada recientemente por la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) [8], el 80% de las familias brasileñas están endeudadas y desesperadas, pagando la misma deuda varias veces debido a tasas de interés abusivas.
Necesitamos el apoyo de Sus Excelencias para la aprobación urgente del PLP 104/2022, sin cambios, para que el límite de interés sea contemplado por ley, pasando página a la inaceptable usura que se ha practicado contra la sociedad y la economía del país.

•Detener la “Bolsa-Banqueiro” donada a los bancos diariamente a través de “Operaciones Comprometidas” y “Depósitos Voluntarios Remunerados”

El Banco Central ha remunerado escandalosamente los excedentes de caja de los bancos diariamente, al nivel de la tasa Selic, con graves perjuicios para la economía y las finanzas públicas del país. Esta operación genera una falsa escasez de divisas en la economía, ya que los ahorros de la sociedad que están depositados o invertidos en los bancos (R$ 1,247 billones en octubre/2022) son esterilizados en el Banco Central, dando interés sólo a los bancos. Además de aumentar el stock de deuda y provocan un agujero en las arcas públicas, este verdadero “Bolsa Banqueiro” eleva brutalmente las tasas de interés del mercado, ya que los bancos solo están dispuestos a prestar a personas y empresas a tasas de interés muy altas, frenando la economía y provocando inflación. , llevando también a la quiebra a las micro, pequeñas y medianas empresas, y, adicionalmente, agudizando el endeudamiento exacerbado de empresas y familias debido a las tasas de interés del mercado extorsivos.
En ese sentido, el PLP 104/2022, mencionado anteriormente, también tiene como objetivo impedir esta nociva e injustificada remuneración diaria a los bancos, sobre recursos que ni siquiera les pertenecen. La aprobación de este proyecto de ley complementario será de fundamental importancia para la economía del país y para la sociedad en su conjunto, por lo que contamos con el compromiso de Sus Excelencias para esta aprobación.
Adicionalmente, el Banco Central le debe explicaciones al Congreso Nacional y al gobierno electo sobre las justificaciones para mantener esta operación parasitaria, que ha causado un daño inmenso a toda la economía del país -tanto al sector público como al privado-, más aún a raíz del aumento injustificado de SELIC a niveles insustentables, por eso, hemos reivindicado la realización de la CPI del Banco Central [9].

• Combatir la inflación mediante el enfrentamiento de sus verdaderas causas

La tasa básica de interés SELIC ha sido elevada a niveles absurdos por el Banco Central bajo la falsa justificación de combatir la inflación, que en Brasil es provocada por el aumento de los precios administrados por el propio gobierno (combustibles, energía, etc.) y por el aumento de los precios de los alimentos (debido a errores en las políticas agrícolas y agrarias), y dichos precios no se reducen con el alza de las tasas de interés.
El aumento de la tasa básica de interés por parte del Banco Central no ha hecho más que profundizar el problema, ya que se refleja en todas las demás tasas de interés practicadas en el país, afectando al sector público (aumento de la deuda pública) y obstaculizando toda la economía del país, ya que los intereses elevados elevan el costo de las empresas e inhiben nuevas inversiones que podrían generar empleos y aumentar la oferta de productos y servicios. También afecta el endeudamiento de los hogares, perjudicando su capacidad de consumo y la circulación virtuosa del dinero en la economía.
Es necesario enfrentar las verdaderas causas de la inflación en Brasil, claramente provocada por el absurdo aumento de los precios de los combustibles, debido al llamado “Precio de Paridad de Importación” introducido en Petrobras desde 2016. La elevación del precio de los combustibles provoca una elevación en cadena de todos los demás productos y servicios, generando inflación que puede ser perfectamente evitada, considerando que podemos producir todo el combustible que consumimos, a precios mucho más bajos [10]. Además, tenemos todas las condiciones para garantizar seguridad alimentaria de calidad y a precios bajos, siempre que se adopten políticas agrícolas y agrarias que prioricen la vida familiar y la agricultura solidaria, la reforma agraria, la acumulación de existencias reguladoras y el apoyo a canales alternativos de comercialización directa, como las ferias libres, entre otras medidas perfectamente viables [11].
Estas verdaderas causas de la inflación no han sido enfrentadas, perjudicando gravemente a la economía y a la población, la cual es doblemente penalizada: con el alza de precios y con el aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central. Por lo tanto, para controlar la inflación, es urgente que el gobierno electo y el Congreso Nacional enfrenten sus verdaderas causas, lo que también será fundamental para evitar que el Banco Central siga utilizando esta falsa justificación para subir las tasas de interés, que no tiene ningún efecto, sobre el control de los precios administrados y de los alimentos, pero ha elevado el gasto de la deuda pública y trastornado toda la economía del país.

• Eliminar el esquema de “Titularización” en la esfera pública

La generación de deuda pública a través de la ingeniería financiera de la “Titularización” ha invadido la esfera pública como un modelo de negocio fraudulento que vincula y desvía recursos públicos que ni siquiera llegan a los presupuestos de las entidades federativas, funcionando como una suerte de consignación de recursos públicos ( https://auditoriacidada.org.br/conteudo/securitizacaoconsignado-turbinado-de-recursos-publicos/).
A través de este esquema, inversionistas privilegiados se apropian de recursos públicos que ni siquiera son contabilizados por la entidad federativa, es decir, el desvío ocurre por fuera de los controles presupuestarios: un fraude. El Tesoro Nacional ha alentado a los Estados sujetos al llamado “Régimen de Recuperación Fiscal” a adoptar este esquema, lo que es inaceptable. Las Leyes Complementarias 173/2020 y 178/2021, aprobadas sin el debido debate durante la pandemia, abren la posibilidad de “titularización de deuda” de las entidades federativas, contrariamente al art. 167, IV de la Constitución. Es urgente interrumpir este esquema, como lo hizo el TCE-MG (https://auditoriacidada.org.br/conteudo/tce-mandapbh-ativos-suspender-pagamento-de-debentures-emitidas/), además de revocar las disposiciones inconstitucionales sobre “titulización” insertadas en las Leyes Complementarias 173/2020 y 178/2021.

• Realizar una auditoría integral de la deuda pública, con participación social

La realización de la auditoria de la deuda pública, con participación de la sociedad, es fundamental para tener la necesaria transparencia sobre el mayor gasto del presupuesto federal (intereses y amortización de la deuda), que consume, cada año, la mayor parte del gasto federal, comprometiendo también las finanzas de los estados y municipios. La auditoría puede ser realizada en el ámbito del Poder Legislativo (tal como lo prevé la CF/88, artículo 26 de la ADCT), pero también en el ámbito del Poder Ejecutivo, como la exitosa experiencia puesta en práctica en Ecuador, con excelentes resultados para el país.
El conocimiento posibilitado por la realización de una auditoría de la deuda pública será fundamental para orientar las decisiones de política económica del país, a fin de revertir la correlación de fuerzas entre los gastos financieros (que han tenido un trato privilegiado y favorecen principalmente a los bancos y grandes rentistas nacionales y extranjeros) e inversiones sociales (que no han sido debidamente respetadas, aunque toda la población brasileña tiene este derecho, según lo previsto en el artículo 6 de la Constitución).
La auditoría es la herramienta capaz de identificar y documentar todas las ilegitimidades de la deuda, como los mecanismos de política monetaria antes mencionados, y permitirá una importante acumulación de fuerzas para posibilitar un incremento significativo de recursos para las áreas sociales, y el derrocamiento de medidas nocivas como, por ejemplo, la “autonomía” del Banco Central.
La auditoría de la deuda permitirá identificar a los tenedores de la deuda, separando a los grandes beneficiarios de los pequeños, como los Fondos de Pensiones y la Tesorería Directa, que tienen una pequeña porción de la deuda, para que el gobierno pueda dar un tratamiento adecuado a las porciones. de la deuda legítima e ilegítima [12].
La identificación de los tenedores de títulos de deuda pública brasileña ha sido considerada información confidencial en Brasil, lo que viola el Principio de Transparencia al que deben someterse todos los actos públicos. Además, la deuda es pública, pagada con recursos públicos, y su peso recae sobre la sociedad en su conjunto, que soporta todo el sacrificio social y económico de su pago. Solo B3 (institución financiera surgida de la transformación de la empresa CETIP) tiene acceso a los nombres de los tenedores de bonos públicos del país. Esto es un irrespeto a la población y una desmoralización al gobierno, y es otro tema urgente a enfrentar, para que la sociedad sepa quién paga la llamada deuda pública.
El Ecuador le dio una lección al mundo entero en 2007, cuando instituyó una comisión para realizar una auditoría integral de su deuda pública, la cual operó en el ámbito del Ministerio de Hacienda, con la participación de la sociedad civil nacional e internacional, y cuyos resultados aseguró la anulación de gran parte de la deuda ilegal e ilegítima, con el acuerdo de los bonistas, sin crisis alguna, lo que permitió un aumento significativo de las inversiones sociales y un largo período de gobernabilidad, siendo reelegido el presidente Rafael Correa en 2012 y, gobernando por un total de 10 años, habiendo elegido a su sucesor en 2017.

• Conclusión

Finalizamos el presente documento deseando mucho éxito en el ejercicio del mandato conquistado por Vuestras Excelencias, éxito que necesariamente dependerá del enfrentamiento efectivo de los 4 ejes principales que han sustentado el modelo económico [13] que concentra la renta y la riqueza en las manos de unos pocos y genera escasez para la mayoría de la población. Para garantizar una vida digna para todas las personas y el desarrollo socioeconómico habrá que abordar con urgencia los ejes del actual modelo económico.
Quedamos a su disposición para mayores aclaraciones y aguardamos la implementación de las medidas necesarias, en especial, la necesidad de realizar una urgente auditoría de la deuda pública, con participación social, a fin de frenar los perversos mecanismos que han generado deuda sin contrapartida alguna al país o a la sociedad.

Atentamente,

Maria Lucia Fattorelli,
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida

Traducción: María Elena Saludas